Enrique Font
integró la gestión de seguridad en la gobernación de Binner. Denuncia
que luego de su salida se dejaron sin efectos las reformas y confirma
que la policía provincial controla el narcotráfico: «Si investigara
Gendarmería tendríamos un policía preso por semana».
Enrique Font es investigador y profesor de criminología. Hace cuatro
meses fue seleccionado en Ginebra, Suiza, para integrar el Subcomité de
Prevención de la Tortura de la ONU. Su vasta experiencia no se reduce al
ámbito académico, también coordinó proyectos de cooperación
internacional en la Secretaría de Seguridad Interior de la Nación y fue
secretario de Seguridad Comunitaria durante la breve gestión de Daniel
Cuenca a cargo del Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Hermes
Binner. Renunció en noviembre del 2011 para concursar por el cargo de
Auditor del Sistema de Fiscalías de la provincia.
Font recibió a LPO en su casa donde convive junto a Ho Chi Minh, un gato
anaranjado y blanco. A lo largo de más de una hora abordó la crisis en
seguridad que atraviesa Santa Fe, el narcotráfico, su paso por la
gestión, y las dificultades del gobierno de Antonio Bonfatti. También
esboza algunas líneas de gestión y políticas para revertir la situación.
¿Porqué ha aumentado los crímenes relacionados al narcotráfico en Santa Fe?
Primero, no hay que vincular directamente a los crímenes con el
narcotráfico. Se puede tener narcotráfico sin homicidios. En Rosario y
Santa Fe, los homicidios son, principalmente, de hombres jóvenes de
sectores populares. Lo que sucede es que en situaciones de exclusión
social muy intensas, la pertenencia a una banda da identidad,
reconocimiento y respeto. Sumado a que la economía de la venta de drogas
genera mucho dinero con el cual también se consigue prestigio. Por eso,
donde hay que poner la lupa son en las condiciones sociales en las que
suceden los homicidios. Si no, se le echa la culpa a una entelequia
llamada narcotráfico y se le quita responsabilidad a la sociedad donde
se han producido cambios. Es notorio el aumento de la demanda de
drogas. El consumo se ha extendido, tolerado y aceptado y este fenómeno
no afecta solamente a los sectores populares sino que consumen las
clases media y alta; por eso es un gran negocio, sobre todo la cocaína.
Al haber más demanda: ¿creció la oferta?
Lo que ocurrió es que Bolivia tenía concentrada la producción de pasta
base. Ahora las fábricas se instalaron acá de forma fragmentada porque
no podes tener una gran fábrica que produzca pasta base. Entonces, se
montaron pequeñas cocinas en las zonas marginales. Eso produjo la
territorialización y esto requiere algún nivel de defensa. También se
genera una estructura económica más importante porque a la materia prima
se le incorpora valor agregado en la zona. Se genera más dinero. Lo que
se ha visto mucho es que algún delincuente profesional, que robaba
bancos o cometía delitos complejos, ha pasado a bancar varios quioscos.
Consiguen la materia prima, tienen el contacto con la policía y aparte
se la bancan. Tienen dos o tres quioscos, y no necesitan tocar el dinero
ni la droga, pero eso genera disputa en el territorio que es lo que
estamos viendo. La distribución territorial es clara, se concentra en
algunos enclaves de pobreza: Barrio Tablada donde actúan las comisarías
11 y 16; barrio Las Flores comisarías 18 y 19 y en algunos puntos del
norte. Ahí se consolida el tema violencia.
¿Qué lugar ocupa la policía en este proceso?
La corrupción policial cumple un papel fundamental. La policía tiene dos
formas de apropiación ilegal de dinero: el primero, es el presupuesto
propio que al estar distribuido en 19 unidades regionales (uno por
departamento) se hace muy difícil de controlar. Por el otro lado, la
caja del delito. La policía está totalmente vinculada a la regulación de
las economías delictivas. Encima, es una fuerza que no está bien
capacitada, es pésima investigando, es bruta y no sabe lo que hay que
hacer. Por eso, el cambio del jefe de policías, solamente, no alcanza.
También tenemos uno de los poderes judiciales más corruptos, más
inútiles e ineficientes. Es el poder judicial que intervino Onganía en
el ’68, luego lo tomó el Opus Dei y en el ‘83 se lo repartieron entre
peronistas y radicales y en dos estudios jurídicos se nombraron los
jueces. Hay fiscales de esa época, que aún hoy no han dejado de serlo
porque no pueden someterse a un concurso porque pierden. Ese Poder
Judicial tiene que ver con los homicidios porque no sabe los pasos
elementales para la investigación criminal y cualquier pez un poco
grande, pasa la red porque sus investigaciones son patéticas. Hay muy
pocos jueces y fiscales que investigan bien en Santa Fe. La mayoría de
los crímenes que se cometen, son realizados por personas que tendrían
que estar presas.
¿Qué habría que hacer para encauzar a la policía?
Se necesitan equipos capacitados que la conduzcan. A la policía no hay
que darle órdenes, hay que conducirla, quitarle los obstáculos para ir
dirigiéndola, generar las condiciones para que se profesionalice.
Generalmente lo que se hace es un doble pacto: vos tenes el control de
la caja, me das una parte, me garantizas estabilidad y yo no me meto.
Cuando el pacto se rompió porque la policía no puedo contener todo el
delito porque se horizontalizó, se fue de las manos, como ocurre en
Santa Fe, la policía deja de garantizar la gobernabilidad. Por eso debe
haber una reforma estructural de la policía.
Las reformas necesarias
¿Qué reformas podrían tomarse como ejemplo?
Primero hay que señalar que todas las reformas policiales fueron
consecuencia de una crisis: La primera reforma de Arslanián, en la
Provincia de Buenos Aires, fue después del asesinato de Cabezas. La
segunda, luego de los secuestros extorsivos, con Solá. El otro ejemplo
es Mendoza en 1998 con Lafaya, que ya terminaba su gestión, tuvo una
rebelión policial, la desaparición de Sebastián Bordón y una gran crisis
por ejecuciones sumarias y denuncias internacionales. Lafaya acordó con
los radicales, demócratas y el otro sector del PJ, una reforma que la
continúa la gestión siguiente: Iglesias. Durante el gobierno de Nestor
Kirchner, se reforma la Policía Federal Aeroportuaria en respuesta a la
crisis de Southern Winds. Lo que ocurre es que durante las crisis, las
reformas tienen acompañamiento político. Una vez que todo se estabilizó,
empieza el decaimiento. Algo diferente ocurre en provincia de Buenos
Aires donde Scioli hizo, prácticamente, una contrarreforma a las
políticas de Arslanián y ahora no conduce más a la policía. Scioli tiene
un desastre en materia de seguridad, el caso Pomar es un ejemplo así
como el de Candela, donde salen, por todos, lados vínculos de la policía
con los secuestradores, se plantan pruebas, fiscales comprometidos,
etc. Santa Fe es igual pero Scioli gasta fortunas en comunicación y
tiene un discurso “manodurista”.
¿Cómo debería Bonfatti encarar una reforma policial profunda?
Te respondo con un ejemplo, cuando Saín se ocupa de la Policía
Aeronáutica Nacional, estaba dedicada más en el contrabando que en su
control. Una de las condiciones que puso fue la no circulación de dinero
del delito. Eso requiere una férrea conducción. También se necesitan
equipos técnicos que sepan hacer dos cosas: producir información propia
del delito porque los funcionarios de seguridad deben manejar
información confiable de lo que ocurre en su territorio. No pueden
esperar que se los cuente la policía que es la que los regula. Hoy,
producir información es más fácil que el desafío que tuvo Arslanián en
1998. Hay software y gente capacitada. Santa fe tiene dos universidades
(UNR y UNL) con equipos técnicos que se ocupan de estos temas.
Entre provincia y nación se responsabilizan mutuamente por el
crecimiento del narcotráfico. Provincia dice que es jurisdicción federal
¿Cómo operan las jurisdicciones en concreto?
Lo que ha ocurrido es que desde los años ‘90 en adelante, las fuerzas
federales se fueron desentendiendo. Es de competencia federal pero en
relación a los tribunales. Progresivamente se fueron haciendo cargo las
fuerzas provinciales. Al punto que hay provincias que hicieron la
catastrófica experiencia de provincializar la competencia. En la
práctica, lo más común es que la territorialización sea de competencia
provincial y las fuerzas federales controlen fronteras o ciudad de
Buenos Aires. Santa Fe quiere que intervenga nación en materia de
narcotráfico pero esto atraviesa corrupción y participación policial y
donde se cruzan otros delitos que no son competencia federal. Si acá
viene la PSA y Gendarmería a investigar el narcotráfico tendríamos un
policía preso todas las semanas. No soporta políticamente una
intervención federal. Ninguna provincia lo soportaría.
¿No hay lugares donde intervienen las fuerzas federales?
Si, intervienen en el cinturón sur de la ciudad de Buenos Aires porque
es el mismo gobierno que interviene con otras fuerzas y está decidida a
poner en caja a la Federal. También en algunos lugares del conurbano
donde se corre la bonaerense. Acá, si viene gendarmería, ¿Retirarían a
la provincial de la 11 y la 16? (seccionales del barrio Tablada donde se
han producido muchos de los crímenes relacionados al narcotráfico)
La gestión
¿Cómo fue su paso por la gestión en Seguridad Ciudadana? ¿Cuáles fueron las limitaciones?
Yo estaba trabajando en la Secretaría de Seguridad Interior de la Nación
cuando en agosto del 2009 (Daniel) Cuenca me convoca. Estaba armando su
equipo como Ministro de Seguridad (durante el gobierno de Binner). Hizo
varios avances, convocó a personal idóneo que había trabajado con
Arslanián, creó la Secretaría de Control de Seguridad y a mí me ofreció
la Secretaría de Seguridad Comunitaria. A los seis meses, Cuenca
renunció por un problema de salud. El gobierno, en vez de apostar a lo
que se había hecho, nombra a un ministro sin antecedentes en gestión,
sin experiencia en seguridad ni en política (Álvaro Gaviola). Con
Gaviola no había garantías para que se realice una reforma policial, o
que haya control de la policial. Les advertí a los ministros y al mismo
gobernador que iban a tener problemas por los homicidios, que iba a
haber crisis de gobernabilidad por corrupción y violencia policial. Era
el proceso que se veía venir. A todos se los dije. Luego vino Corti pero
no tenía equipo y le dio órdenes a la policía. Se erosionó solo en tres
meses porque echo a 20 comisarios pero tampoco eso es conducción de la
fuerza policial.
Ahora la provincia va a invertir en más de 80 millones de pesos
en vehículos y cámaras de seguridad. ¿Son las medidas necesarias?
En Rosario, la tasa de homicidios subió el 40% desde el 2007 y Santa Fe
que tenía una tasa similar a Ciudad de Buenos Aires, hoy se asemeja al
conurbano bonaerense. Las políticas en seguridad deben ser integrales.
Primero se necesita una encuesta de victimización, donde se obtiene
información sobre la violencia interpersonal, los arrebatos y delitos
contra la propiedad de los cuales el 80% no se denuncia. Este método
está mundialmente reconocido y cuesta 100 mil pesos y se necesita una
por año. Con 400.000 pesos se tendría toda la provincia relevada. Sin
esa información no se puede saber dónde poner las cámaras. También se
requiere de un trabajo sistemático de prevención del delito con los
pibes que están tirándose tiros. Un programa de inclusión en el
territorio y trabajar con las bandas. Un buen programa para Rosario sale
2 millones al año, una cifra insignificante pero con muy buenos
resultados. Grandes inversiones, sin tener en cuenta estas otras
acciones, son políticas populistas. Son pedidas por la gente pero no
soluciona el problema. Hay que trabajar con los jóvenes y generar formas
de identidad que no se construyan desde el delito.
